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| Detalle del Gernika de Picasso |
Ley de Vagos y Maleantes
Aprobada en pleno periodo republicano, el 4 de agosto de 1933. Fue una ley para reprimir al movimiento obrero como complemento a la Ley de Términos Municipales (sólo podían trabajar obreros del municipio). A todos aquellos que buscaron trabajo fuera de su localidad y no encontraron se les aplicó esta ley, castigándolos como vagos o maleantes.
Ley de Responsabilidades Políticas
Aprobada el 9 de febrero de 1939, cuando aún no había finalizado la guerra. Impone la retroactividad para el delito político desde la Revolución de Asturias de 1934. Pertenecer a cualquier partido, sindicato u organización de la izquierda era considerado delito, condenado con cárcel e incluso la pena de muerte.
Ley contra el Bandidaje y el Terrorismo
Aprobada el 15 de abril de 1947, venía a complementar a la Ley de Seguridad del Estado de 1941. Cualquier crítica al régimen franquista era considerada delito de “exaltación a la rebelión”, con penas que podían alcanzar hasta los 14 años de cárcel por decir tan sólo “Viva la República” o defender a algún sindicato de clase en público. Tuvo algunas revisiones, al igual que el Código Penal del franquismo aprobado en 1944.
Tribunal de Orden Público
Venía a sustituir al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Cualquier delito que no fuese atentado contra las Fuerzas de Seguridad del Estado o cargos del Gobierno estaría bajo la jurisdicción del Tribunal de Orden Público (TOP). De lo contrario, seguía estando bajo jurisdicción militar. Sólo fue aprobado tras la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau.
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
Aprobada el 5 de agosto de 1970. Su función fue la misma que la de la Ley de Vagos y Maleantes, que no fue derogada por el franquismo. Incluía la homosexualidad como delito. Aun duró un tiempo tras la muerte de Franco.
Ley de Seguridad Ciudadana
Aprobada el 21 de febrero de 1992. Conocida también como Ley Corcuera o Ley de la Patada en la Puerta. Inicia la represión con carácter “preventivo”. El mejor precendente a la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el ministerio de Jorge Fernández Díaz.
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